Sobre la crítica situación del sistema científico argentino
Las políticas gubernamentales de ciencia y tecnología implementadas por la alianza Cambiemos desde su llegada al gobierno han ubicado al sistema científico en un estado de emergencia.
En primer lugar, se ha desfinanciado el sistema científico, en general, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en particular. En esta línea, la interrupción de los pagos para el funcionamiento de laboratorios e institutos dependientes de CONICET, los despidos en el INTA y el INTI, el desfinanciamiento de los programas de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, el no cumplimiento con los subsidios correspondientes a proyectos de Unidades Ejecutoras en el marco del Plan Estratégico CONICET, la suspensión de subsidios y programas binacionales de investigación y el deterioro salarial de los trabajadores del sector han destruido las capacidades en desarrollo de un promisorio sistema científico nacional.
En segundo lugar, el gobierno restringió drásticamente el personal vinculado al CONICET. La caída estrepitosa de ingresos a la Carrera de Investigador Científico (CIC) y los recortes en las becas de formación doctoral y posdoctoral han truncado trayectorias laborales y proyectos colectivos tendientes al desarrollo de un modelo científico soberano al mismo tiempo que han desalentado a futuras generaciones para contribuir con este objetivo.
En tercer lugar, el gobierno ha impulsado por distintas vías una campaña de difamación a la investigación que ha redituado en ataques sistemáticos a la actividad científica. La promoción de una falsa dicotomía entre ciencias básicas y aplicadas y el desprestigio de las humanidades, ciencias sociales, naturales y exactas han funcionado como sustento ideológico de la decisión política de desplazar al estado en su rol activo como propiciador de una ciencia pública que construya mayores condiciones de igualdad. Parte de estas orientaciones han quedado expresadas en los resultados de la convocatoria a CIC 2018, donde 2055 postulantes fueron excluídxs del sistema, siendo el Gran Área de Humanidades y Ciencias Sociales la más afectada en la reducción de ingresos, que representan no sólo la falta de continuidad laboral, sino también la interrupción de una línea de investigación que contribuye al desarrollo integral de la ciencia.
Como correlato de estos ataques sistemáticos al sistema educativo y científico de gestión pública, la reducción de la dirección estratégica y operativa del Ministerio de Ciencia y Técnica al rango de Secretaría ha sido un hito central. La caída en el presupuesto asignado a la función científica y su dramática reducción en otras áreas como salud, cultura, trabajo y vivienda se complementaron con un incremento significativo de las partidas asignadas al pago de la deuda externa que se decidió contraer y profundizar en los años 2016 y 2018. La redefinición de las metas gubernamentales han confirmado el abandono de un modelo de desarrollo soberano y la decisión política de continuar con la destrucción de capacidades estatales para trabajar sobre las desigualdades.
Frente a este tipo de acciones que ponen de manifiesto el vaciamiento de las políticas públicas en favor de una creciente regulación a través de las demandas del mercado que imponen sectores privados -sin un plan que garantice el desarrollo de la ciencia y tecnología en función de los intereses y derechos de la sociedad- la comunidad científica y educativa se ha mantenido en estado de alerta, movilizada y organizada. Directorxs de los Centros Científicos Tecnológicos (CCT), directorxs de Institutos y Laboratorios, investigadorxs de la Carrera Científica, investigadorxs de universidades nacionales, docentes y becarixs han manifestado de forma creciente desde el año 2016 su preocupación por el estado de abandono en que se encuentra el sistema científico.
Desde el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS), becarixs e investigadorxs hemos participado activamente de la Asamblea de Trabajadores de Ciencia y Técnica La Plata, donde se ha decidido movilizar en numerosas oportunidades al ex-Ministerio de Ciencia y Tecnología, promover y realizar una Feria de Ciencia anual para visibilizar el conflicto y compartir con la comunidad el desarrollo de nuestras investigaciones y fortalecer un espacio gremial de representación en ATE-CONICET que cuenta con delegadxs de todas las áreas e institutos a nivel regional. Asimismo, el IdIHCS forma parte de una red nacional de institutos cuyos directorxs han elaborado un balance crítico del tipo de imposiciones que el gobierno nacional ha buscado promover, y apuestan a la consolidación de un programa integral alternativo de política científica (Mendoza 2016, Córdoba 2019), esta red de directorxs de institutos ha exigido a su vez que los directorxs de CCTs se involucren y expliciten su posición ante una situación de crisis agravada año a año.
A partir de este balance, que expone el deterioro de la política científica en Argentina, pero también el alto grado de movilización del sector por impedirlo, sostenemos la necesidad de fortalecer lazos entre distintos actores de la comunidad científica y educativa a fin de unificar las demandas y exigir un programa integral y responsable para el desarrollo de la ciencia y tecnología públicas. Exigimos, asimismo, un aumento del presupuesto destinado al sector educativo y el sistema científico; la efectivización de las altas en los ingresos a CIC de los años 2017, 2018 y 2019; la restitución del poder adquisitivo de nuestros salarios; el pago de subsidios adeudados; la rehabilitación de los programas y convenios interrumpidos; el funcionamiento integral de todas las unidades de investigación. Para continuar este debate en el espacio público con toda la comunidad, contra la fragmentación que el discurso del gobierno nacional intenta imponer a una demanda que excede el reclamo de un sector, invitamos a participar de la III Feria de Ciencia y Universidad en Plaza San Martín, el miércoles 10 de abril entre las 10 y 14
